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Delito fiscal. Tras paralizar la reforma de la Sicav, Elena Salgado ha impedido alargar la prescipción del delito fiscal y ha acordado con las grandes empresas evitar la ‘lentitud’ de los Tribunales.
La delicada situación económica ha llevado al Gobierno a pedir sacrificios a los ciudadanos, realizar drásticos recortes en el gasto público y a preparar reformas fiscales para gravar a ‘los que más tienen’. Unos esfuerzos que han coincidido con el descubrimiento de 3.000 cuentas opacas en el HSBC de Suiza, el acuerdo entre Hacienda y 27 grandes empresas o el bloqueo de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a la reforma que alargaba la extinción del delito fiscal de cinco a diez años.
Todo esto, mientras los españoles se encontraban inmersos en la campaña de Declaración de la Renta, y crecía sensación de que existe un trato de favor hacia las grandes empresas y la gran banca de inversión internacional. La pregunta que surge es, ¿qué pasa cuando un contribuyente medio comete algún error o se retrasa en el pago? La legislación vigente deja muy claro la diferencia entre recargos por retraso o errores que se subsanan voluntariamente, infracciones o delito fiscal (ver cuadro adjunto).
Cualquier error o retraso en el IRPF o en las declaraciones de pymes y autónomos supone un recargo o sanción, mientras grandes empresas y bancos reciben un trato de favor de una Administración obsesionada con recaudar.
Si la declaración es a pagar, el recargo es entre el 5% y el 20%, según el tiempo, más los intereses de demora si ha pasado más de un año. En el caso de que Hacienda inicie el procedimiento, habrá una sanción tributaria entre 50% y el 150% de la cuota a pagar. Además, existe una gran variedad de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de información y gestión las empresas. Se considera infracción hasta los 120.000 euros y a partir de dicha cantidad, si existe intención de defraudar, delito fiscal, lo que supone una condena de hasta cuatro años –cinco a partir de diciembre–, más sanciones administrativas y, si el juez así lo considera, multas para resarcir al Estado. En cualquier caso, y como se encarga de resaltar José María Mollinedo, secretario general de Gestha, los pequeños contribuyentes, que se enfrenan a una legislación difícil y muy variable, carecen de la “segunda oportunidad” para regularizar sus obligaciones fiscales que se ha ‘regalado’ a los presuntos defraudadores de los depósitos en las cuentas suizas del HSBC.
Por si esta sensación de desigualdad en el trato fiscal fuera poco, el pasado mes de julio se conoció que Hacienda y 27 grandes empresas habían llegado a un acuerdo para la creación de un código de buenas conductas, por el que se comprometen a no acudir a los tribunales y debatir sus interpreaciones fiscales, que algunos casos pueden significar varios cientos de millones de euros.
Según reconocieron fuentes de Hacienda (El Mundo, 21 de julio), los conflictos son permanentes y el procedimiento garantista “muy lento”, ya que se tarda entre 14 y 15 años para que el Tribunal Supremo decida y cree jurisprudencia, una acusación que no ha tenido respuesta desde la Magistratura. En opinión del departamento que dirige Elena Salgado, es “mejor un mal acuerdo que un buen pleito” porque mientras existe el pleito la deuda con Hacienda queda en suspenso y el Estado necesita recaudar lo antes posible. Pero, cabe preguntarse ¿por qué no se agiliza el funcionamiento de la Justicia en lugar de llegar a un acuerdo con presuntos delincuentes, mientras los ciudadanos tienen que realizar grandes sacrificios para salir de la difícil situación en la que nos encontramos? Sobre todo cuando el pequeño contribuyente no tiene opción: Hacienda le sanciona automáticamente y siempre paga.
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