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Escrito por B.B. Sevilla    Viernes, 30 de Julio de 2010 14:39    PDF Imprimir E-mail
Los juzgados conjugan la Ley Azcárate y la defensa del usuario

De izquierda a derecha, intervinientes en la mesa redonda sobre la usura: Alfredo Flores, Luis Pineda, José Almagro Nosete, Carmen Gómez y Almudena Velázquez. De izquierda a derecha, intervinientes en la mesa redonda sobre la usura: Alfredo Flores, Luis Pineda, José Almagro Nosete, Carmen Gómez y Almudena Velázquez.

José Almagro Nosete, magistrado emérito del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Procesal, moderó el debate sobre la usura, despenalizada en 1995. Carmen Gómez Rivero, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, apuntó como posibles causas de la despenalización el temor al paternalismo extremo, un liberalismo económico mal entendido, un mal uso del derecho penal o el amplio significado del concepto de la usura.

En su ponencia, Alfredo Flores, abogado y ex fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, explicó que ve innecesario replantearse una eventual regulación penal de la usura porque el delito de estafa permite ubicarla en dicho concepto, defendiendo así a los consumidores. Eso sí, el ex fiscal considera necesaria una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar una dependencia con el poder político.  La usura está presente en nuestra sociedad, concretamente en el ámbito bancario y financiero. El presidente de Ausbanc, Luis Pineda denunció la proliferación de empresas que, bajo la apariencia de entidades bancarias, ofrecen préstamos con intereses leoninos. Pero la propia banca –continuó Pineda– con su sobreprotección, también lleva a cabo prácticas usurarias mediante la imposición de comisiones y productos vinculados al préstamo que suponen un sobrecoste para el consumidor, bajo la apariencia de legalidad.  El broche final a la mesa de trabajo lo puso la letrada de los Servicios Jurídicos de Ausbanc Almudena Velázquez, quién explicó que nuestros juzgados han armonizado la aplicación de la Ley Azcárate, de 1908, con la legislación protectora de los consumidores.

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